El Tribunal Supremo considera que utilizar ofertas de trabajo falsas constituyen un delito de estafa agravada, además de un delito contra los derechos laborales, ya que el trabajo es un “bien de primera necesidad”. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en una sentencia en la que ha confirmado la condena seis años y medio de cárcel a un empresario que en plena crisis económica simuló haber creado una cooperativa de transporte y ofertó empleo a numerosas personas en situación de paro.