El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha eximido a los abogados implicados en planificaciones fiscales agresivas de la obligación de informar sobre estas prácticas a las autoridades tributarias competentes. Todos los demás intermediarios que participen en esa planificación, además del propio contribuyente, sí estarán sometidos a estos deberes para garantizar que la Administración tributaria afectada tenga los conocimientos necesarios.