Tradicionalmente las personas con un grado determinado de discapacidad eran tutelados por otra que les representaba. Desde este momento, las privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto con la Ley 8/2021, de 2 de junio, que modifica hasta ocho leyes e influirá en la revisión de miles de sentencias.