El Gobierno ha prorrogado hasta el 2 de octubre de 2020 la obligación de que cualquier entidad pública responda a través de vías telemáticas a quien así decida comunicarse con ella.
Este aplazamiento se ha introducido a través del Real Decreto-ley 11/2018 aprobado el viernes por el Consejo de Ministros,. incluyendo el mismo una disposición final en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común que determina que«las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020».
En el siguiente link pueden acceder al siguiente artículo de prensa que desarrolla la noticia exponiendo las causas alegadas para justificar tal retraso:
